La crispación por la rasposa retórica de las campañas electorales, mas las fricciones entre trabajadores y gobierno hizo muy peligroso el enfrentamiento del miércoles en Texcoco, cuando la policía local desalojó a ocho comerciantes ambulantes de flores pertenecientes al ejido de San Salvador Atenco en el Estado de México.
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Un pequeño incidente que se salió de control en medio de gases lacrimógenos, machetazos, petardos, disparos, golpes, cierre de carreteras y secuestro de camiones cisterna cargados de combustible, policías retenidos y más de doscientos civiles detenidos. Todo, provocado por la incapacidad de dialogar, negociar y obedecer la ley.
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Es incomprensible que al menor roce entre autoridades y ciudadanos culmine en violencia sin caber en ninguno de los bandos, líderes, dirigentes o autoridades la razón y el entendimiento.
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Los ejidatarios de San Salvador Atenco impidieron la construcción del nuevo aeropuerto internacional para el Distrito Federal al inicio de la actual administración. Tras el mal manejo política del caso, el gobierno acepto rápidamente la presión de los machetes, y los atenquenses le tomaron la medida al gobierno federal.
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Lo ocurrido ayer en Texcoco no se circunscribe a los policías y a los ejidatarios involucrados directamente. Ni se detienen en las graves afectaciones y daños a terceros.
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Alteran la normalidad de la vida social, económica y política del país, ya muy resentida por la inseguridad, la corrupción y las limitantes económicas. Los atropellos exacerban los ánimos y nublan el entendimiento.
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En la etapa de efervescencia electoral que vivimos con políticos carentes de oficio para gobernar, los escenarios calientes nacen y se extienden atrayendo a quienes usufructúan con la inestabilidad y el desorden.
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La responsabilidad esta en ambos lados, la autoridad incapaz de persuadir, que usa la fuerza en una comunidad que no acepta que para ejercer sus derechos tienen que someterse a la ley, teniendo como resultado la barbarie del miércoles.
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Si quien ejerce el poder no sabe usarlo, y los otros no respetan la autoridad pretendiendo imponerse, retrocedemos en el tiempo.
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Razonar y negociar es lo que sustenta la convivencia social en democracia, pero hay quienes prefieren que la ley del más fuerte substituya los avances de civilidad que por muchos años los mexicanos queremos construir. No hay que jugar y preferir la violencia, porque mañana nadie será capaz de detenerla.
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Los tres niveles de gobierno y todos los partidos políticos deben hacer un enorme esfuerzo por evitar que la sangre brote cada vez que algunos se sienta afectados por los actos de autoridad.
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Ni la resistencia armada, ni la fuerza pública son el camino para un país que no quiere actos violentos y a los agresores. El diálogo, la negociación y la razón deben imponerse antes de cualquier otra consideración.
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