Cuando los deudos de los mineros le preguntaron cuánto ganaban sus familiares, el Secretario del Trabajo del Gobierno Federal Francisco Javier Salazar Sáenz los remitió a la página de Internet de su Secretaría. Nada le hubiera costado ahorrarles esa molestia si, como dijo, es información pública, ¿este funcionario pensaría que ahí en la mina, que estas humildes personas tienen computadora y si acaso la saben usar?.
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El primero de junio, hará un siglo de la huelga minera de Cananea - reprimida expedita y brutalmente -, uno de los hitos de la Revolución Mexicana. La movilización de los mineros del cobre en aquella época obedeció a la explotación de que era objeto la mano de obra en la empresa propiedad del tristemente célebre William C. Greene.
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Cien años más tarde, los yacimientos carboníferos de la región son explotados por una filial del Grupo México, poderoso consorcio que posee también la empresa Industrial Minera México, en cuya mina número ocho, llamada Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, quedaron atrapados ayer hace exactamente una semana 65 trabajadores cuya muerte fue oficializada el sábado.
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Sólo aquellos que de manera trágica han perdido a un ser querido entienden el dolor de los familiares de los obreros atrapados en la mina. Sólo ellos saben de la desesperación y la rabia por la pérdida, y sobre todo saben de la angustia por no encontrar los cuerpos, por suspender la búsqueda y por cancelar la esperanza.
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Nada compensa ese dolor, el dolor más cercano a la muerte, sobre todo cuando se sabe que decenas de vidas se perdieron por la voracidad empresarial, por la incompetencia oficial y por la simulación sindical.
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Cuando se sabe que la democracia mexicana - esa de la que alardea en ofensivos derroches mediáticos lo mismo gobernantes que partidos políticos; políticos profesionales y candidatos presidenciales- no es capaz de traducirse en beneficios mínimos de seguridad y bienestar para los miles de obreros mineros del "México democrático".
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El dolor por las vidas perdidas sólo lo entienden quien ha pasado por experiencias similares, pero lo que entienden los mexicanos en general, o muchos de ellos, es que la tragedia de Pasta de Conchos es una ofensa para los ciudadanos, una trágica muestra de que aún en democracia las condiciones de esclavitud siguen vigentes en el México de la alternancia, la pluralidad y la naciente democracia.
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Es una ofensa para una sociedad que se dice democrática, que esos obreros vivan en condiciones de explotación que los coloca, a escala mundial, como los peor pagados. Y es intolerable que autoridades y sindicatos del ramo permitan esas riesgosas condiciones de trabajo y esos salarios de hambre, cuando la actividad minera, y sobre todo la del carbón, es una actividad de reconocida rentabilidad.
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No fue un accidente predecible y evitable, de una falla que pudo ser técnica o humana, o una combinación de las dos, pero que se pudo prever, si los sistemas de seguridad fueran los adecuados, si las medidas preventivas estuvieran en condiciones óptimas, si la responsabilidad empresarial, gubernamental y sindical funcionaran de acuerdo con los estándares previstos para los elevados niveles de riesgo. Existe una responsabilidad compartida entre empresarios, gobierno y sindicato minero.
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En México, todos lo sabemos, todo se arregla mediante la corrupción, sea entre empresarios y gobierno, entre gobierno y sindicato, o entre empresa y sindicato. Y en medio de esas complicidades están los mineros, que trabajan en condiciones de alto riesgo, de auténtica esclavitud y en peligro latente de perder la vida. Una democracia que permite esas complicidades y esas contradicciones no es más que una simulación de democracia. Un remedo de democracia.
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Hoy se insiste en que días previos a la explosión de hizo la última revisión para determinar las elevadas concentraciones de gases tóxicos y explosivos en la mina, como para justificar que eran óptimas las condiciones de trabajo.
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Pero también se dice que los mineros, con tal de no perder un bono de productividad, acostumbraban desactivar los sistemas de alarma. Es decir, se intenta acreditar a los mineros la responsabilidad del estallido. Se pagan salarios de hambre, a pesar de que las utilidades de la actividad minera son harto rentables, y luego se culpa a los mineros de querer trabajar más, para ganar más.
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Pero se alcanza niveles de insulto al trabajo y a la vida, cuando en un intento por callar el dolor de los familiares de los mineros, por comprar con dinero la vida de los mineros atrapados, la empresa les ofreció a esposas, madres e hijos, la fabulosa suma de 750 mil pesos por trabajador muerto, además de becas para que los hijos estudien hasta el nivel superior de educación.
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Además de los salarios de hambre, del desprecio por la vida, por las enfermedades, por la salud, además de que las condiciones laborales eran inadecuadas, los empresarios mineros insultaron a los familiares de los atrapados con un cheque millonario, con el que intentaron callarles la boca.
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Un minero mexicano gana, mensualmente, entre mil y tres mil pesos. Debido al alto riesgo de la actividad, al desgaste físico, a las enfermedades pulmonares, cardíacas, auditivas, neurológicas y muchas mas, el rango de actividad de los mineros no supera los 15 años de vida laboral.
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Un minero en esas condiciones gana, en esos 15 años de vida activa, en promedio, 400 mil pesos. Un minero muerto, en una tragedia como la que se vive en Pasta de Conchos vale, según la Industrial Minera México, 750 mil pesos. Para hablar claro, "vale más un minero muerto que un minero vivo".
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Pero el problema de fondo no es la caridad posterior a la muerte, sino la calidad de la vida que se les debería ofrecer. Si una empresa como Minera México tiene recursos para pagar 750 mil pesos por minero muerto, debe tener recursos para pagar un salario digno, remunerado y suficiente a un minero vivo, en plena productividad.
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¿Quién y qué investigarán? Las labores de rescate, los nuevos derrumbes, el levantamiento de escombros, y las actividades que restan para intentar rescatar a los mineros o recuperar sus cadáveres han modificado todo el entorno. Eso, si no es que mañana se decide cerrar la mina y terminar con el clásico carpetazo.
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O acaso aparezca una de las clásicas y brillantes ideas del gobierno federal, que puede decidir crear una "fiscalía especial", otra de esas simulaciones para que nada se sepa y para exonerar a los responsables.
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Por qué desde el primer día los involucrados, sabiendo las condiciones en que se dio el accidente no tuvieron el valor civil y la calidad moral de decirnos a todos; "Están muertos".
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