Las fuerzas de seguridad del estado han declarado el combate para evitar que los narcotraficantes se apoderen del territorio nacional, pasando de un modelo transaccional a uno de dominio, no sólo para operar libremente el comercio de la droga, sino para implantar un modelo económico, político y social dominado por el crimen organizado. Este es un asunto de importancia mayor y explica las advertencias repetidas de que la actividad de los narcotraficantes podría pasar de ser un asunto de seguridad pública a uno de seguridad nacional.

Más de la mitad de la droga que se trafica y consume en México es suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que ha reemplazado a los cárteles de Cali y de Medellín, que llegaron a ejercer enorme influencia en su país, al grado de financiar la campaña electoral del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), investigado y exonerado por el Congreso de su país en una decisión controvertida hasta el día de hoy.

Según el gobierno Colombiano, parte de la droga que las FARC envían a México se traslada a Estados Unidos y Europa. Colombia aporta más de 90% de la droga que consumen los estadounidenses. Esta actividad ilícita genera miles de millones de dólares anualmente, además de lo que las bandas obtienen por secuestros, extorsiones, atentados y contrabando de armas.

Peligroso, corruptor y distorsionador los altos montos de dinero negro, que junto con la droga exportada empieza a ser un modelo de organización que aquí se aprecia ya en el modus operandi de los cárteles mexicanos como el del extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas Guillén, quien en los festejos del “Día del niño” distribuía regalos entre las comunidades en las que tenía actividades delincuenciales, para fincar una base social, al estilo de Pablo Escobar Gaviria en Medellín.

El secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván, está consciente de que la batalla puede alcanzar dimensiones nunca vistas por la virulenta reacción que han desatado las bandas de delincuentes mermadas con los operativos, y golpeadas por las extradiciones de sus capos.

Hace unos días el General Secretario declaro; “El narcotráfico de ninguna manera le va a ganar la batalla al Estado, porque tenemos un frente compuesto por todas las entidades del Ejecutivo Federal con el que seguramente ya estamos inclinando la balanza, los narcotraficantes están sintiendo los efectos de las operaciones que estamos realizando y que va con todo ímpetu, estamos afectando su base de operaciones, su base económica fuertemente, y a eso se debe su reacción”.

Según un sondeo reciente de la firma Parametría, los operativos federales son apoyados por la mayoría de los mexicanos, ante el conocimiento de que algunos de los capos seguían operando desde las cárceles.

Vimos recientemente que en Michoacán hubo un intento de sentar la base social al servicio de los traficantes de drogas con la banda auto denominada “La Familia”, que abatía a los enemigos, a la vez que ofrecía una presunta protección a los ciudadanos, pacto fatal sí lo hay. Por ningún motivo podemos permitir que en nuestro país sé de la reproducción de un modelo de narcoguerrilla.

La lucha por extraer del territorio mexicano a los delincuentes debe ser palmo a palmo, tanto en sus actividades de violencia, como en su contenido social, y desde luego en su intento de filtrarse a la política.

Pero de este combate no debemos cansarnos de repetir que no sólo es de los mexicanos, sino de todas las naciones amenazadas por el tráfico de drogas.




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